Chetumal, Quintana Roo.– En un hecho histórico para los derechos humanos y la justicia social, Quintana Roo dio un paso decisivo para garantizar el acceso real a la justicia de los pueblos originarios, al traducir a lengua maya leyes fundamentales y el Código Penal del estado, permitiendo que miles de personas mayahablantes conozcan y ejerzan plenamente sus derechos.
Este avance busca reducir la desigualdad histórica en el acceso a la información legal, fortalecer la identidad cultural y asegurar que la lengua maya sea reconocida no solo como patrimonio cultural, sino como una herramienta viva de justicia, inclusión y equidad, especialmente en procesos legales y administrativos.
En este contexto, autoridades estatales informaron que, a través de la Secretaría de Gobierno, y con el respaldo académico de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), se concretó la traducción de tres instrumentos normativos clave: la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Código Penal del Estado de Quintana Roo.
Al respecto, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, destacó el impacto social de esta acción al señalar que “traducir las leyes a la lengua maya no es solo un acto administrativo, es un acto de justicia social que garantiza que las personas de los pueblos originarios conozcan, comprendan y ejerzan plenamente sus derechos”, subrayando que el idioma no debe ser una barrera para acceder a la legalidad y la protección del Estado.
La traducción de estos ordenamientos jurídicos permitirá que las personas mayahablantes tengan claridad sobre sus derechos y obligaciones, fortaleciendo la certeza jurídica, el acceso a la información legal y la participación informada en procesos administrativos, comunitarios y judiciales.
Este esfuerzo también contribuye de manera directa a la preservación y dignificación de la lengua maya, al integrarla formalmente en el marco normativo del estado, reconociendo su valor cultural, social y jurídico dentro de la vida pública de Quintana Roo.
Las acciones se enmarcan en una política pública orientada a la justicia social, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios, consolidando un modelo de gobernanza incluyente y con enfoque humanista.
Con este avance, Quintana Roo se posiciona como un referente nacional en materia de derechos lingüísticos y acceso equitativo a la justicia, reafirmando el compromiso de construir un estado más justo, incluyente y respetuoso de sus raíces ancestrales.
