Playa del Carmen, Quintana Roo. — Dos hombres fueron detenidos en este municipio como parte de una investigación por homicidio calificado y lesiones con arma de fuego, luego de un ataque ocurrido el 9 de enero en el municipio de Tulum, en un punto cercano a un cenote turístico ubicado sobre la carretera federal Tulum–Felipe Carrillo Puerto.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron cerca del estacionamiento de un centro recreativo, donde un ciudadano de nacionalidad argentina perdió la vida y dos personas más resultaron heridas, quienes se desempeñaban como personal de seguridad del lugar. Las víctimas no estaban relacionadas con el evento musical que se desarrollaba en la zona.
En el lugar del ataque, especialistas en criminalística aseguraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros, considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión con armas de alto poder vinculadas a grupos criminales.
Derivado de labores de investigación técnica y análisis de cámaras de videovigilancia cercanas al sitio, se logró la identificación de los presuntos agresores, lo que permitió su localización y captura en Playa del Carmen.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Policía Municipal, informó que los detenidos fueron identificados como Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, quienes fueron asegurados por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y quedaron a disposición del Ministerio Público.
Las indagatorias preliminares los vinculan con un grupo criminal generador de violencia en Tulum, dedicado a la venta de estupefacientes, por lo que la principal línea de investigación relaciona el ataque armado con actividades de narcomenudeo y control territorial.
De acuerdo con datos oficiales, el narcomenudeo es uno de los principales detonantes de la violencia armada en la región, particularmente en zonas turísticas donde el consumo y la disputa por puntos de venta ilegales se ha incrementado durante los últimos años.
Será el Ministerio Público quien, dentro del plazo constitucional, determine la situación jurídica de ambos detenidos por los delitos que se les imputan, mientras continúan las investigaciones para establecer su posible responsabilidad directa en el homicidio y las lesiones.
