Playa del Carmen, Quintana Roo.— La empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, conocida comercialmente como Playaparq, vuelve a ser señalada por opacidad en la información relacionada con los ingresos generados por el sistema de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad.
De acuerdo con información pública disponible en el propio portal de la concesionaria, durante lo que va del año 2026 no se ha publicado ningún reporte de ingresos, ni por el uso de parquímetros ni por las multas derivadas de la colocación de inmovilizadores vehiculares, conocidos como “arañas”.
Esta situación no es nueva. En años anteriores, la empresa ya había sido objeto de un llamado de atención por parte del síndico municipal, José Agustín Aguilar, luego de que se detectara que durante varios meses no se actualizó la información financiera correspondiente a los ingresos obtenidos por la operación de los parquímetros en el centro de Playa del Carmen.
Actualmente, en la página oficial de Playaparq únicamente se puede consultar el historial de ingresos desde 2019, año en que inició la operación del sistema, hasta diciembre de 2025, sin que exista información correspondiente a los primeros meses de 2026.
De acuerdo con el convenio de concesión otorgado por el Ayuntamiento de Playa del Carmen, la empresa está obligada a publicar, dentro de los primeros 15 días de cada mes, el reporte detallado de los recursos recaudados durante el mes inmediato anterior.
Bajo este marco, la información correspondiente a enero de 2026 debió haberse hecho pública, lo cual no ha ocurrido hasta el momento, incumpliendo con lo establecido en el acuerdo de concesión.
Cabe recordar que, conforme a dicho convenio, el 25 por ciento de lo recaudado por el uso de los parquímetros corresponde al Ayuntamiento, recursos que deben destinarse a obras de mejoramiento de la movilidad en el centro de la ciudad. En tanto, el 100 por ciento de los ingresos obtenidos por concepto de inmovilizadores vehiculares pertenece directamente al Ayuntamiento.
La falta de actualización de esta información ha generado cuestionamientos ciudadanos sobre la transparencia, el manejo de recursos públicos y la correcta fiscalización de una concesión que impacta de manera directa en la movilidad y economía cotidiana de Playa del Carmen.
