Playa del Carmen, Quintana Roo. — Una denuncia ciudadana ha encendido la polémica en Playa del Carmen, luego de que Vanessa García acusara a elementos policiales de presuntamente sembrarle sustancias ilícitas durante una revisión.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 17:00 horas, sobre la avenida Solidaridad, a la altura del fraccionamiento Los Olivos, cuando la mujer circulaba en su motoneta junto a su hija de 6 años.
De acuerdo con su testimonio, la revisión inicial tenía como objetivo verificar documentos; sin embargo, la situación escaló cuando —según denuncia— los elementos de la patrulla 82283 le habrían colocado presuntas sustancias ilegales, lo que derivó en su detención.
Detención, menor resguardada y presuntas irregularidades
Durante el operativo, la menor fue retirada del lugar por personal del GEAVIG y posteriormente puesta bajo resguardo del DIF Playa del Carmen.
Vanessa García denunció que durante su detención:
- No se le permitió realizar una llamada a su abogado
- Fue presionada para firmar documentos en blanco
- Fue obligada a posar en fotografías con sustancias que asegura no eran suyas

“Me sacaron de la patrulla…”, relató en su testimonio.
Conflicto legal y posible móvil
La denunciante no descartó que su ex pareja, de origen italiano, pudiera estar involucrada en lo ocurrido, señalando que mantiene un proceso legal por pensión alimenticia desde hace cuatro meses.
De acuerdo con la defensa, el hombre se presentó de manera inmediata en el DIF para solicitar la custodia de la menor, acompañado de su abogado.
La representante legal, Norma Edith Mena Franco, indicó que esta situación genera sospechas sobre una posible coordinación irregular en el caso.
Liberación y exigencia de intervención estatal
Vanessa García fue liberada casi 20 horas después, luego de que no se encontraran pruebas en su contra.
Su defensa acusó omisiones por parte del Ayuntamiento de Playa del Carmen y solicitó la intervención de la gobernadora Mara Lezama Espinosa para esclarecer los hechos.
Hasta el momento, autoridades municipales no han emitido una postura oficial sobre este caso.
Un caso que exige claridad
Este hecho se suma a las denuncias ciudadanas sobre posibles abusos de autoridad en la región, abriendo el debate sobre protocolos policiales, derechos humanos y protección a menores.

