Roxana Lili “N”, quien gobernó el municipio durante el periodo 2021-2024, enfrenta una investigación por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con contratos para el lavado especializado de vehículos municipales.
Playa del Carmen, Quintana Roo, 20 de noviembre de 2026. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplimentó en la Ciudad de México una orden de aprehensión contra Roxana Lili “N”, expresidenta municipal de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, por su probable relación con hechos que podrían constituir el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la autoridad ministerial, la investigación está relacionada con un presunto perjuicio económico al erario municipal superior a 62 millones de pesos, derivado de contratos públicos para prestar el servicio de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, cuyo cumplimiento no habría sido acreditado.
Roxana Lili “N” encabezó el Ayuntamiento de Solidaridad durante el periodo 2021-2024. La Fiscalía señaló que los hechos investigados habrían ocurrido durante su administración.
Fiscalía señala irregularidades en tres licitaciones públicas
Según la información de la Fiscalía, entre 2022 y 2024 se otorgaron presuntamente de manera indebida tres licitaciones públicas a un particular para realizar el servicio de lavado especializado de unidades municipales.
La dependencia indicó que, en ese periodo, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades. Sin embargo, los registros relacionados con el servicio reportaban hasta 865 lavados en un solo mes, sin días de descanso, pese a que la empresa contratada únicamente contaba con 15 trabajadores.
Otro de los señalamientos ministeriales es que el prestador del servicio no habría contado con los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos, pese a lo cual continuaron los pagos.
La Fiscalía sostiene que estas circunstancias derivaron en pagos no comprobables por más de 62 millones de pesos.
También investigan omisiones de servidores públicos
La investigación también señala a servidores públicos que habrían incumplido sus obligaciones de revisión y seguimiento de los contratos.
De acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios involucrados fueron omisos al no verificar que los servicios contratados se cumplieran y tampoco comprobaron que existiera la documentación de soporte exigida por la legislación aplicable.
La orden de aprehensión contra Roxana Lili “N” fue cumplimentada en la Ciudad de México, con apoyo de autoridades federales, según el comunicado de la Fiscalía General del Estado.
El caso se encuentra en el ámbito de la investigación penal. La orden de aprehensión y los señalamientos ministeriales no constituyen por sí mismos una sentencia condenatoria; corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica de la persona detenida y, en su caso, las responsabilidades de quienes resulten involucrados.
La Fiscalía no detalló en la información difundida la identidad del particular contratado, las empresas involucradas ni el estado procesal de otros posibles servidores públicos relacionados con los contratos investigados.

