La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al municipio de Tulum actualizar en un plazo máximo de dos años su Atlas de Riesgo, el cual data desde 2016, documento que no se encuentra adecuado a medidas de protección ambiental.
Lo anterior luego de que dos ciudadanos tulumenses ganaron un amparo concedido por el tribunal constitucional, cuya sentencia obliga al citado municipio elaborar un Atlas de Riesgo conforme a los lineamientos técnicos y operativos aplicables en la materia y cuidado al ecosistema.
Este amparo se logró con la asesoría de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), la cual tuvo que buscar la facultad de atracción luego de que los juzgados federales de Quintana Roo le negaron la protección de la justicia federal.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció la demanda luego de que dos personas reclamaron a las autoridades locales la falta de actualización del Atlas de Riesgo.
El Juez de Distrito resolvió que ambos habitantes no demostraron que la falta de actualización de dicho instrumento generara una afectación a los ecosistemas de Tulum ni que ellos se beneficiaran de los servicios ambientales que éstos les brindaban. Es decir, no tenían interés jurídico, dentro de la terminología legal para estos casos.
En su resolución, la Primera Sala reconoció que los solicitantes de amparo sí tenían interés legítimo debido a que acreditaron ser habitantes del municipio en donde se encuentra el ecosistema que les proporciona servicios ambientales y que la falta de actualización del Atlas de Riesgos sí podía impactar en dicho hábitat.
El último Atlas de Riesgo data de 2016. Entonces la Sala advirtió que han existido cambios significativos en el municipio que ameritan su actualización, entre estos: la concentración masiva de población derivada de la migración de personas extranjeras, el flujo de capitales y las dinámicas del mercado inmobiliario, la pandemia causada por el Covid-19, así como la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum.
A partir de estas razones, la Sala determinó que las autoridades municipales incumplieron con su deber de actualizar el documento, lo que vulnera el derecho al medio ambiente sano e impactó en la dimensión preventiva de otros derechos con los que guarda estrecha conexión, como son los derechos a la salud, a la vivienda digna, al agua, al patrimonio cultural, a la participación ciudadana y al acceso a la información en materia ambiental de los habitantes de la localidad.
