El juez de control Nicolás Pinzón Ávila, adscrito a los juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Playa del Carmen, dejó ir a su casa para continuar con su proceso penal a un profesor acusado de abusar sexualmente de tres menores que estudian en la secundaria Vicente Guerrero.
El juzgador, de acuerdo con la asesora legal de las víctimas y abogada Fabiola Cortés Miranda, benefició al imputado en todo momento al no aplicar de manera correcta el control de convencionalidad. Asimismo, se tenía la obligación de decretar la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La audiencia inicial ocurrió el 6 de febrero; pero fue hasta ahora que se dio a conocer el hecho por las irregularidades atribuidas al juez de garantía.
“El juez de control Nicolás Pinzón Ávila mintió al decir que la prisión oficiosa ya no se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales para así poder beneficiar a un maestro denunciado por abuso sexual cometido en agravio de tres adolescentes en una secundaria pública de Playa del Carmen”, dijo Cortés Miranda.
Este plantel se ubica en el fraccionamiento Misión de las Flores, donde estaba asignado el profesor, quien, de acuerdo con la Secretaría de Educación, fue separado desde hace más de un mes de sus labores, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, sólo estuvo unas horas privado de su libertad, pues el juez inmediatamente lo dejó ir a su casa para continuar con su proceso legal.
Fabiola Cortés acusó que el juzgador no justificó el decreto con el que se evitó que el docente pisara la cárcel al aplicar de manera incorrecta el denominado control de convencionalidad. Con esto, las víctimas quedaron desprotegidas.
Según testimonios, el docente perpetró el delito en enero. Llevaba a las alumnas a lugares apartados y realizaba actos que se califican como delito de abuso sexual.
Si bien, por este delito no se impone prisión oficiosa cuando es contra mayores de edad, por menores de edad sí ocurre esta medida cautelar en tanto dure el proceso penal.
Miguel Medina Cortázar, subsecretario de Educación en la zona Norte, confirmó tales hechos atribuidos al docente. La dependencia educativa hasta ahora no ha rescindido su contrato laboral hasta no tener una sentencia firme contra el imputado.
