Playa del Carmen, Quintana Roo | 31 de diciembre de 2025.
Una denuncia ciudadana permitió frenar un intento de privatización indebida de una playa pública en el centro de Playa del Carmen, específicamente a la altura de la calle 8, donde se detectaron obstáculos que impedían el libre tránsito de bañistas y visitantes, además de afectaciones a la duna costera, considerada un ecosistema protegido.
De acuerdo con la verificación en sitio, durante al menos tres semanas se mantuvieron instaladas estructuras de madera, cuerdas, mobiliario, plantas y camastros, que delimitaban de facto un área de uso exclusivo frente a un establecimiento turístico, afectando no solo el acceso público a la playa, sino también la operación de comercios colindantes, el tránsito peatonal y el equilibrio ambiental de la zona.
Tras la denuncia, inspectores municipales acudieron al lugar y constataron que las acciones fueron realizadas por el arrendador de un restaurante de origen extranjero, ubicado dentro del hotel The Carmen. En un primer acercamiento se logró el retiro parcial de los obstáculos, aunque se detectó que aún permanecían mesas, sombrillas y camastros bloqueando el paso, además de la reubicación indebida de vegetación de duna hacia áreas públicas y vialidades.
Ante estos hechos, la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático del Gobierno de Playa del Carmen, encabezada por Samantha Álvarez Hernández, en coordinación con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), a cargo de Irving Rafael Lili Madrigal, ejecutó acciones inmediatas para el retiro de sogas, estructuras y mobiliario, así como trabajos iniciales para la restauración de la duna costera afectada.
Las autoridades municipales reiteraron que las playas son bienes nacionales de libre acceso, por lo que no se permitirá ningún intento de privatización, sin importar el origen del establecimiento o concesión involucrada. Asimismo, se informó que se mantendrá la vigilancia permanente y atención a denuncias ciudadanas para garantizar el respeto al medio ambiente y el derecho colectivo al disfrute de las zonas costeras.
