Playa del Carmen, Quintana Roo. — Giorgia Del Grosso, madre de un menor de cuatro años, denunció públicamente un presunto caso de abuso sexual infantil en contra de su hijo, del que señala como responsable al padre del menor.
De acuerdo con su testimonio, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) en Playa del Carmen, donde aseguró haber entregado diversas pruebas periciales, psicológicas y testimoniales que respaldan el señalamiento.
Entre los documentos entregados, destacó un dictamen en paidopsicología emitido por un perito adscrito a la CEAVEQROO, que concluye que el menor presenta “signos y síntomas de ser víctima de abuso sexual infantil”.
Asimismo, se integraron informes psicológicos del DIF municipal y particulares, además de una carta de la escuela que reporta alteraciones en el comportamiento del niño y problemas emocionales posteriores a los hechos.
Pese a las pruebas presentadas, Giorgia lamentó que, durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez resolvió no vincular al presunto agresor, argumentando que el menor “identificaba las agresiones como un juego”.
La madre expresó su preocupación por la seguridad de su hijo, señalando que el sistema judicial no consideró el desarrollo cognitivo y emocional propio de su edad, ni el lenguaje no verbal analizado en los dictámenes.
“El juez omitió las pruebas y los dictámenes que confirman el daño. Mi hijo dijo que el ‘juego le duele, que le quema y que no le gusta’. Aun así, el sistema no lo protegió”, declaró la madre.
Ante esta situación, Giorgia Del Grosso pidió la intervención de la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y de la Presidenta Municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, para que el caso sea revisado con urgencia y no quede en la impunidad.
“Solo quiero proteger a mi hijo. Necesito que las autoridades escuchen y que la justicia actúe”, subrayó.
La madre exhortó también a la sociedad civil y a los medios de comunicación a visibilizar los casos de abuso infantil en Quintana Roo, donde las víctimas, según afirma, siguen desprotegidas frente a decisiones judiciales que priorizan la forma sobre el fondo.
