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Niegan amparo a CALICA: Seguirá clausurada sin extraer material pétreo

En uno de los últimos intentos por revertir la clausura que le impuso el Gobierno de México en mayo de 2022, CALICA, filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, le fue negado un amparo contra la medida que le deja sin la posibilidad de continuar extrayendo material pétreo al sur de Playa del Carmen.

En un acuerdo dictado el martes 27 dentro del juicio de amparo indirecto 806/2023, que resuelve el Juzgado Segundo de Distrito, de Cancún, se da a conocer que el citado órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de garantías promovido por Calizas Industriales del Carmen (Calica).

“Se sobresee en el juicio de amparo promovido por (…) contra los actos que reclamo de la Directora General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, se lee en el resolutivo.

Calica había señalado como autoridad responsable a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el juicio de amparo indirecto porque no le retiró la clausura sobre el predio La Rosita, en una petición realizada en 2023. La clausura ocurrió el 5 de mayo de 2022.

“Reclamó actos derivados (…) levantada el cinco de mayo de dos mi veintidós, en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre el predio “La Rosita”, agrega un expediente vinculado.

La clausura practicada el 5 de mayo sobre el predio La Rosita, es la que mantiene paralizada la extracción de material pétreo. A casi dos años de que se aplicó la medida sancionadora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido que ahora busca expropiar los terrenos del particular ubicados a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, para convertirlos en Área Natural Protegida (ANP).

Calica, filial de Vulcan Materials Company, sigue además un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativa a Inversiones (Ciadi) con la que pretende que el gobierno de México le pague mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios.

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