La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversos artículos de leyes estatales que impiden que las personas puedan acceder a los cargos de tesorero municipal, secretario general del ayuntamiento y procurador ambiental si han estado en prisión por más de dos años.
El pleno del máximo órgano jurisdiccional en México resolvió este lunes la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que demandó la invalidez de los artículos 119 y 123 de la Ley de los Municipios.
Además de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, cuyas reformas entraron en vigor con el decreto 078 publicado en el Periódico Oficial el 7 de junio de 2023.
La invalidez de dichas normas jurídicas, contó con la aprobación de 9 de los 11 integrantes del pleno y voto en contra de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien sostuvo que para acceder a los cargos, las personas deben de tener buenos antecedentes contra probables actos de corrupción.
El ministro ponente Alberto Pérez Dayán, sostuvo que dichas reformas vulneran diversos derechos fundamentales contenidas en la Constitución y tratados internacionales.
“Las exigencias que el legislador impuso como requisitos a las personas que aspiren a ocupar el cargo de titular de la secretaría general de los ayuntamientos de Quintana Roo, tesorero municipal, así como la titularidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente del mismo estado son inconstitucionales al vulnerar el derecho de igualdad y no discrminación en atención a la hipótesis contenidas en las fracciones impugnadas resultan sobre inclusivas en tanto no distinguen entre delitos graves y no graves”, sostuvo Pérez Dayan.
Se trató del último asunto del orden del día de este lunes, en sesión del pleno del tribunal constitucional desde la Ciudad de México.
“Se tiene el derecho humano al buen gobierno que, entre otros elementos se tiene la probidad, el ejercicio debido de funciones entre las cuales se pone efectivamente como requisitos que, igual en convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, no tener antecedentes de manejo indebido de recursos”, dijo Lenia Batres, ministra que llegó al cargo a propuesta del ejecutivo federal.
