Playa del Carmen, Quintana Roo.— La Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) colocó sellos de clausura en el predio de Xcalacoco señalado por presunto vertimiento de aguas residuales al lecho marino, reforzando la suspensión previamente aplicada por el Ayuntamiento de Playa del Carmen.
La intervención estatal se realiza pese a que el Director Responsable de Obra, José Ramón Cárdenas González, declaró públicamente que no se trataba de aguas negras, sino de agua pluvial extraída del subsuelo durante trabajos de perforación.
Durante la tarde del miércoles, personal de la PPA colocó dos sellos de clausura en la reja de acceso del predio —a un costado del sello de suspensión municipal— junto con el acta correspondiente a la orden de inspección número PPA/DP/DPAA/0120/2026, así como el expediente del procedimiento administrativo ambiental en curso.
Intervención de autoridades
Desde que se reportaron los hechos, la Secretaría de Medio Ambiente municipal notificó a instancias estatales y federales, incluyendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual podría intervenir conforme a sus atribuciones.
La participación de distintos niveles de gobierno refleja la posible gravedad del incidente en una zona ambientalmente sensible.
Contexto y seguimiento del caso
El caso se originó tras denuncias ciudadanas sobre un presunto vertimiento de aguas negras en Xcalacoco, al norte de Playa del Carmen, lo que derivó en la clausura inicial de la obra por parte de autoridades municipales.
Posteriormente, el responsable de la obra negó los señalamientos, argumentando que el líquido observado correspondía a agua pluvial o incluso a agua de manglar.
Sin embargo, en el seguimiento informativo más reciente, se difundieron imágenes aéreas que evidencian la presencia de un camión de aguas residuales al interior del predio, lo que contradice la versión inicial y ha intensificado el escrutinio público.
Con la clausura estatal ya formalizada, aumenta la exigencia ciudadana de una investigación exhaustiva, transparencia en el proceso y, en su caso, la aplicación de sanciones conforme a la legislación ambiental vigente.
