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viernes, febrero 23, 2024
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LANZAN LLAMADO DE EMERGENCIA POR SARGAZO EN QUINTANA ROO

por Daniel Pacheco

Asociaciones civiles, pescadores, empresarios hoteleros y académicos se han organizado nuevamente para exigir que se atienda de manera integral y efectiva la problemática masivo recale de sargazo en las costas del estado de Quintana Roo, mediante la petición digital titulada “S​.​O​.​S. ¡Nos hundimos en sargazo! Urge su manejo eficiente en el Caribe Mexicano”, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y que hasta el 22 de junio 2021 sumaba poco menos de 5 mil firmas.

Rosa Rodríguez, académica en Limnología y Ciencias del Mar por parte de la UNAM en Puerto Morelos, recalcó que es urgente el manejo eficiente del pelágico en el Caribe Mexicano ya que es evidente que no existe una coordinación entre los ordenes de gobierno mientras la problemática continua afectando al medio ambiente, las actividades turísticas y eventualmente a la salud pública.

“La idea es reunir las diferentes preocupaciones de la comunidad de Quintana Roo, diferentes grupos que ya están muy preocupados, porque la cantidad de sargazo que está llegando pareciera que va ser incluso mayor que la del 2018 y no se ve que los 3 noveles de gobierno estén coordinados de manera efectiva para atender el problema. Por eso la petición”, 

puntualizó la también investigadora en Ecología de Arrecifes Coralinos

 #NoTeLoPierdas: CONVERTIR SARGAZO EN BIOGÁS; OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA CARIBE MEXICANO

Son 9 los puntos solicitados a las autoridades federales, estatales y municipales:

  • Coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para definir las responsabilidades de cada uno, a fin de realizar medidas urgentes y apropiadas para la contención, colecta y disposición del sargazo en todas las playas del estado de Quintana Roo y no solamente las turísticas.
  • Que el Gobierno Federal destine anualmente recursos económicos suficientes a cada Municipio para la instalación de barreras de contención de sargazo y se obtengan maquinaria (marina y terrestre) y materiales destinados a remover y transportar el sargazo y contrtar al personal suficiente para dar atención a las playas.
  • Que el Gobierno Estatal gestione recursos para habilitar los sitios de disposición final adecuados en cada Municipio para rcepcionar el sargazo, incluyendo: manifestaciones de impacto ambiental y cambios de uso de suelo forestal de los terrenos ya asignados por SEMA para dicho fin. Impedir la contaminación del acuífero con la colocación de geomembranas y lagunas de oxidación para lixiviados. Estos sitios requieren de maquinaria, personal y un presupuesto anual.
  • Que el Instituto Nacional de la Pesca haga las gestiones necesarias para incluir al sargazo pelágico que llega al Caribe en la Carta Nacional Pesqueraa fin de que éste se pueda comercializar. Además, que facilite los trámites a quienes requieran colectar el sargazo en el mar.
  • Facilitar incentivos fiscales a los hoteles que limpian el sargazo de sus playas y a las empresas que industrialicen el sargazo.
  • Los 3 órdenes de Gobierno y todas las autoridades e Instituciones deberán promover el uso del sargazo removido de mar y playa como un insumo para proyectos de uso comercial e industrial, en lugar de que se convierta en residuo.
  • Que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) promueva y financie proyectos de investigación que permitan entender mejor el fenómeno y sus impactos ambientales, sociales y económicos. Además, proyectos tecnológicos para que se utilice industrialmente el sargazo.
  • Que la Secretaría de Salud evalúe el riesgo a la salud de las comunidades costeras expuestas a los gases que emite el sargazo en descomposición y defina acciones para las áreas potencialmente peligrosas.
  • Finalmente, urge la ELABORACIÓN DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA para hacer un Manejo Integral del Sargazo con una visión de Economía Circular. En ésta se deben regular todas las fases del manejo del sargazo, y definir, de forma clara y vinculante, las responsabilidades de las diferentes autoridades con el objeto de DAR CERTIDUMBRE JURÍDICA a las acciones e inversiones económicas del sector público y privado, así como hacer prevalecer el DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, EL TRABAJO Y LA SALUD.
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